Transexuales y hombres dedicados al trabajo sexual se han asociado en Ecuador en torno a un sindicato pionero en la región, que busca visibilizar que esa actividad no es exclusiva de las mujeres y que requiere proteger sus derechos, ignorados por una sociedad a la que acusan de machista y homófoba.
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El "Sindicato de Trabajadores Sexuales de Quito" reúne a mujeres, a un número entre 300 y 400 hombres y a casi 50 trans que ejercen esa actividad en las calles y parques de la capital ecuatoriana, sobre todo para evitar la invisibilización a la que son sometidos por la sociedad los dos últimos grupos ya que, en su opinión, este hecho genera una mayor violencia hacia ellos.
En palabras del coordinador del sindicato, David González, existe la "necesidad" de incluir en el trabajo sexual a otros actores que aparecen ocultos a ojos de una sociedad a la que tachó de "doble moralista".
La gente tergiversa la realidad y ello puede generar que se criminalice el trabajo sexual o que se le elimine por decreto, bajo el precepto de que todo trabajo sexual es trata de personas.
También la gente tiene una concepción asistencialista al decir que se debe "sacar a la pobrecita trabajadora sexual que no tiene que comer y por eso se dedica a ello", explicó a Efe.
En el caso de los transexuales, el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana garantiza la no discriminación por cuestión de identidad de género, y además, el Código Orgánico Integral Penal no penaliza el ejercicio del trabajo sexual en el país.
No obstante, a estas tres identidades -mujeres, hombres y trans- les unen no solo su actividad, muchas veces forzada por las pocas oportunidades laborales, sino también la situación de segregación y marginalidad a las que son sometidas en su día a día.
"Fabián", seudónimo usado para salvaguardar su identidad, y Mónica Reyes (trans) son dos de esos trabajadores sexuales miembros del Sindicato y que tuvieron que dedicarse a esta ocupación por "necesidad".
Reyes, que lleva ejerciendo la mitad de su vida, se prostituyó con 22 años porque, según indicó a Efe, "esta sociedad no está todavía abierta" y no les da "espacios de trabajo" por culpa del machismo.
Su familia sí conoce a qué se dedica cada noche en una zona del norte de Quito y la ha aceptado tal y como es, a pesar de que prefieran que trabaje en lo que estudió: estética.
Sin embargo, "Fabián" dejó a sus familiares en Venezuela hace tres años, por lo que no saben a qué tuvo que dedicarse para pagar su alquiler y su forma de vida en un exilio forzado por la situación política en su país.
"Mi familia no lo sabe porque en Venezuela yo llevaba otra clase de vida: allí era profesional (ingeniero de materiales), tenía mi propia vida y una niña que ahorita va a cumplir diez años", afirmó a Efe en el quiteño Parque de El Ejido, donde suele trabajar desde la mañana.
Todos tienen derechos a ser tratados igual
Ambos reconocieron que tienen miedo de salir a las calles cada día para "ganarse el pan" por las agresiones que tienen que aguantar ya no solo de la gente, sino desde las propias fuerzas de seguridad.
Y lamentaron que la masiva inmigración, sobre todo de colombianos y venezolanos, ha provocado una devaluación en el trabajo sexual, como en otras muchas profesiones, pasando las tarifas de un así llamado "rapidito" de 20 a 10 dólares, o de un "completo" de 30 a menos de 20 dólares.
Pero la necesidad que tienen para llevar un plato de comida a la mesa cada día y la falta de oportunidades laborales en Ecuador, hacen que estas personas acudan al trabajo sexual para mantenerse.
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El colectivo también pretende que las trabajadoras trans puedan acceder a una pensión "por haber dejado su vida entera en las calles", apuntó la asesora de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de Quito (Aso TST UIO), Ana Almeida.
"Queremos también que los hombres ya no tengan tanta vergüenza en decir que son trabajadores sexuales y se agrupen, luchen por sus derechos, que accedan a la salud", agregó a Efe en la sede de la asociación mientras preparaba los carnés que lleva cada trabajadora sexual trans.
Cada año, la Aso TST UIO elabora unas tarjetas de identificación de cada miembro del colectivo que les sirve para identificarse ante la policía, para reconocer su "sindicación" y que recoge todo el régimen jurídico del trabajo sexual y de los derechos de los que gozan.
"Toda esa argumentación jurídica le da cuenta a la trabajadora sexual trans que tiene derechos", dijo Almeida, quien también reconoció que no fue fácil empoderar a las trabajadoras sexuales trans ya que en un principio "ellas pensaban que ni siquiera eran personas".
El objetivo final del colectivo no es otro que el de cambiar mentalidades, normas y políticas desde un punto de vista feminista e igualitario, en el que se ayudan de los espacios en blanco que deja la legislación para favorecer su causa.
"Esta es una lucha feminista, en la que buscamos igualdad. Es una lección a la gente que mujeres, hombres y personas en la diversidad sexogenérica existimos en la sociedad y no importa la orientación, la identidad, la ocupación o el estatus de salud de las personas para acceder a sus derechos", insistió Almeida.
